Red de Apoyo
01/10/17

“Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo”

Mercedes Sosa, Todo Cambia

La interculturalidad surge desde el intercambio de nacionalidades, de regiones, de características propias de un sector, de religiones o ideologías; orientando a un determinado grupo hacia actitudes, valores, comportamientos, vestimenta y actuación de las personas signado por la diversidad. Territorialmente, las regiones pueden tener características que las distinguen, definen y nos llevan incluso a clasificarlas; en nuestro país este tema se relaciona directamente con las etnias indígenas y la forma de vida de las mismas. En Venezuela, encontramos también diferentes culturas de otros países que se han unido para dar origen a otras, como es el caso de la afro descendiente o, por ejemplo, alguien que es venezolano, pero también luso descendiente por ser de padres de origen portugués, haciendo de dos culturas una sola en la vida. Es decir, existen diversas formas de manifestación de culturas ya sean elegidas o no, que enriquecen nuestra sociedad y la escuela no se encuentra exenta de ello.

Hoy día existen múltiples tradiciones y visiones que intervienen en la interculturalidad; no podemos dejar a un lado a los grupos urbanos que se forman en diferentes sectores citadinos, parte de los grupos sociales que obviamente asisten a la escuela, trayendo una serie de actitudes, artículos y elementos, formas de conversar y de pensar que enriquecen el acervo cultural de nuestro salón de clases y, por consiguiente, de la escuela.

La escuela y las formas de cultura

Los centros educativos no pueden hacer caso omiso de estas formas de cultura. Mucho menos generar ante la presencia de este grupo de niñas o niños en el plantel, una situación de alarma, ni penalizar o sancionar (recordando lo estipulado por ejemplo en el reglamento oficial que contempla el uso del uniforme escolar). Si nos vamos al desarrollo pleno de la personalidad, contenido en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) hablaríamos de la oportunidad de dejar que dichos grupos permanecieran no sólo en las ciudades, sino en las aulas. Lo importante, ante la presencia de estos grupos en las escuelas, es saber por qué pertenecen a los mismos, pues sólo conociéndolos y entendiéndolos podremos aprender e integrarlos al sistema educativo, al aprendizaje y, por supuesto, a la participación.

 ¿Cómo trabajar la interculturalidad urbana en el colegio?

Sencillo. Para aplicar el enfoque de derechos humanos e interculturalidad en el aula es necesario respetar las diferencias que existen entre todas y todos los que estamos presentes en las aulas, para evitar los problemas de exclusión entre grupos. Si se trata de Educación Básica, se puede realizar la planificación de un Proyecto de Aprendizaje (PA), cuyo  tema principal  o  central  sea el  aprendizaje de diferentes culturas urbanas tomando en cuenta aquellas que ya son conocidas o, incluso, seguidas por las y los estudiantes, utilizando diferentes estrategias y actividades; por ejemplo, exposiciones, dramatizaciones, investigaciones, murales, entrevistas, sopas de letras, que les permita comprender y aprender sobre estas formas de organización.

Si se trata de Bachillerato, la cuestión puede ser más compleja debido a que no existen proyectos de aprendizaje integrado; sin embargo, pueden planificarse jornadas para la presentación de dichas culturas, reflexiones grupales de lecturas relacionadas con el tema, dramatizaciones, o las mismas exposiciones de quienes pertenecen o se identifican con determinados grupos urbanos y ferias de talentos (puesto que la mayoría se relaciona con algún género musical). La idea es promover la aceptación de las diferencias e, incluso, utilizarlas para generar aprendizajes significativos, siempre y cuando las mismas no atenten contra la integridad física propia o la del grupo, claro está.

¿Cómo podemos generar el debate para el aprendizaje?

A través de preguntas que generen reflexión.  Inviten a sus estudiantes a realizar las preguntas en grupo: ¿Qué representa esa cultura? ¿Por qué pertenecen a ella? ¿Cómo nació la misma? ¿Qué ideales tiene? Todas estas interrogantes requieren de la investigación, lo que promueve entonces ejercicios como la lectura comprensiva; el hecho de resumir información, el hábito de investigar y argumentar la toma de decisiones permitirá que el grupo de estudiantes se informe acerca de la cultura a la que pertenecen y, a su vez, incentiva la participación, el respeto, el conocimiento y la aceptación de diversos grupos y manifestaciones culturales.

¿Para qué nos sirve todo esto?

Para promover espacios de inclusión, de participación y dignidad. La sociedad se encuentra en constante cambio, por lo que el sistema educativo también debe incluir esos cambios a su modo de actuar y de pensar. Desde siempre ha habido manifestaciones culturales que por ser etiquetadas o excluidas han traído los problemas de “rebeldía” entre estudiantes, escuelas y comunidad, dejando como consecuencia incluso la deserción escolar. Si promovemos la igualdad de derechos, de oportunidades, dejando a un lado los estereotipos que se han generado en las aulas, tendremos estudiantes preparadas y preparados, motivadas y motivados y, sobre todo, ciudadanas y ciudadanos con personalidad plena y consciente de derechos. 

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Editorial Red de Apoyo

Opinión - Correo del Orinoco

25/09/17

¿Puede llamarse democracia a un modelo de sociedad en donde el poder del capital se impone a la voluntad y a los derechos de las mayorías? La democracia representativa de las economías de mercado, que es la forma hegemónica de la democracia en el mundo, responde, con sus prácticas, un rotundo sí.

Las maneras en las que el capital filtra al poder político y se hace de el, sin necesariamente ser visto, son tan amplias como eficaces. Los análisis históricos de batallas concretas facilitan la visibilidad de esas filtraciones y ponen de relieve la necesidad de experimentar formas contrahegemónicas de democracia. Una poca conocida de esas batallas viene ocurriendo, desde hace casi 50 años, en el seno de la ONU. Se trata de los intentos por crear un tratado internacional que consagre la primacía de los derechos humanos sobre los privilegios de las corporaciones transnacionales.

En 1972 Salvador Allende, advirtió en la ONU sobre el “enorme poder de las empresas multinacionales y de la ausencia de un control público sobre ellas[1]. En 1973, después de la actuación de la transnacional ITT en Chile, durante el golpe de Estado, la ONU convocó a un “Grupo de Personas Eminentes[2] para evaluar el efecto de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y la democracia. El informe de este grupo dio origen al Centro de la ONU sobre Corporaciones Transnacionales, que debía “…elaborar un código de conducta que regulara, de manera vinculante, las actividades de las multinacionales en relación con los derechos humanos” [3]. El Código nunca fue aprobado, dada la oposición del Norte Global y del lobby empresarial. El Centro fue muriendo lentamente hasta que, en 1994, desmantelan lo que quedaba.

En 1998 la hoy extinta Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU (la Subcomisión) adoptó una resolución para crear un Grupo de Trabajo que estudiara la “…actividad y los métodos de trabajo de las empresas trasnacionales en relación con el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”[4]. En un párrafo señalaba que “…uno de los obstáculos que se oponen al ejercicio de esos derechos consiste en la concentración del poder económico y político en manos de las grandes empresas transnacionales[5]. Paralelamente, en 1999, Koffi Annan lleva al Foro Económico Mundial su propuesta de “Pacto Global” para promover el “capitalismo global responsable”. El Pacto, enmarcado en lo que se llamaría la “Responsabilidad Social Empresarial”, es la respuesta del capital y los países del Norte Global a los intentos de regulación externa. Apunta a una voluntaria autoregulación del empresariado.

En 2003 la Subcomisión aprobó las “Normas sobre la Responsabilidad de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales”, estableciendo un conjunto amplio de obligaciones empresariales. Las empresas transnacionales reaccionaron de inmediato con “…un documento firmado por la Cámara de Comercio Internacional y la Organización Internacional de Empleadores... En el afirmaban que el proyecto de la Subcomisión socavaba los derechos humanos, los derechos y los legítimos intereses de las empresas privadas. También se apuntaba que las obligaciones en materia de derechos humanos corresponden a los Estados y no a los actores privados, y exhortaban a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a rechazar el proyecto aprobado por la Subcomisión[6]. En 2005, la Comisión de Derechos Humanos los complació y desaprobó el proyecto de Normas. En su lugar, en 2006, Koffi Annan nombra a un Representante Especial (John Ruggie) “…para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, para que trabajara unos principios no vinculantes, es decir no obligatorios.

En 2011 el Consejo de Derechos Humanos, aprobó por consenso los “Principios Rectores” de Ruggie. Unas normas no obligatorias, con mínimos efectos. En 2012 la empresa minera Barrick Gold, con un prontuario en materia de derechos humanos nombró a Ruggie miembro de su Junta de Asesores en materia de Responsabilidad Social Empresarial[7]. En 2013, una Declaración liderada por Ecuador y Suráfrica, firmada por más de 80 países (entre ellos Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua) denuncia “que los Principios Rectores no tendrán ninguna consecuencia efectiva a menos que se cree un marco basado en instrumentos legalmente vinculantes para que puedan regularse y sancionarse las acciones ilegales de las corporaciones transnacionales[8]. En 2014, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución para elaborar “…un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos” y encomendó la tarea a un “Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”, que desde 2015 preside Ecuador. El Grupo ha realizado dos sesiones de trabajo y el próximo mes de octubre de 2017 debe presentar un borrador de Instrumento, para su discusión.

Damos por descontado que el Estado venezolano apoyará a Ecuador en ese debate. El reto actual consiste en ir aumentando los apoyos a este instrumento vinculante, tanto de Estados como de personas, movimientos, colectivos, sindicatos y partidos, en todo el mundo. Si usted quiere dar un aporte a esa pequeña batalla en la que se disputa la idea misma de democracia, puede firmar la Declaración que propone el Movimiento Global por un Tratado Vinculante (https://treatyalliance.squarespace.com/declaracion); acceder a información, compartirla y participar de los debates.



[1] Erika González, “Diccionario crítico de empresas transnacionales”. Consulta en línea: http://omal.info/spip.php?article4846

[2] Gonzalo Berrón, “Derechos humanos y empresas transnacionales Una discusión urgente” Julio-Agosto, 2016. Consulta en línea: http://nuso.org/articulo/derechos-humanos--empresas-transnacionales/

[3] Erika González. Op. Cit.

[4] Campaña Global Desmantelemos el poder corporativo, “Ideas y propuestas para avanzar hacia un Tratado Internacional de los Pueblos para el control de las empresas transnacionales”. Consulta en línea: http://omal.info/spip.php?article6438

[5] Ídem

[6] Campaña Global Desmantelemos el poder corporativo, Op. Cit.

[7] Alejandro Teitelbaum, “Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Garantía de la impunidad del poder económico transnacional”. Consulta en línea: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=175332

[8] Campaña Global Desmantelemos el poder corporativo, Op. Cit.

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Antonio J. González Plessmann Correo del Orinoco 

Opinión Red de Apoyo por la Justicia y la Paz 

18/09/17

La violencia contra niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe continúa siendo de enorme gravedad en las familias, las escuelas, las instituciones de protección y las calles, tal como quedó en evidencia en el Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños (2011). El imaginario social nos hace preguntarnos ¿cómo hemos llegado al punto?, y más retóricamente ¿qué podemos hacer y qué dirección tomar?

 

Históricamente la violencia escolar ha surgido como un fenómeno social producto de los desequilibrios económicos, sociales y especialmente éticos, que se acrecienta motivado a la crisis económica y social causada posiblemente por el modelo capitalista neoliberal predominante.

 

La ONU y UNICEF destacan que la situación legal actual del castigo corporal, la violencia entre pares, la homofobia, la xenofobia y otros tipos de discriminación, han mutado a tal punto, que, la violencia contra las y los educadores y la comunidad educativa, se profundiza en una violencia institucional que es responsabilidad del Estado de la sociedad civil y de los movimientos a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia, haciéndolos cómplices silenciosos de la violencia intrafamiliar que llega a su máximo clímax cuando por negligencia ocurre una violación o un abuso sexual, donde las instituciones y programas no hacen justicia de forma oportuna y la impunidad se evidencia. La violencia de este tipo en cualquiera de sus formas, es delito y no debe ser tratada a través de una conciliación o conversación.

 

La denuncia importa

Es necesario denunciar la violencia escolar en las instancias establecidas, según el caso y su gravedad serían los Consejos de Derechos del Niño y del Adolescente, la Fiscalía, los órganos de seguridad del Estado, ahora bien, las percepciones ciudadanas respecto a la democracia y la discriminación y los hechos escandalosos socialmente, (las peleas que según hechos recientes llegan hasta la vulneración del derecho a la vida)  son, tal como lo formula la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

 

Todo esto implica, que Venezuela debe prohibir el castigo corporal en todos los ámbitos y desmontar estratégicamente hablando, según autoridades en materia de Educación que “la culpabilización y humillación, también como formas de violencia; así como las narconovelas, los contenidos infantiles violentos, las propagandas y publicidades que generen problemas en la conducta y motiven la agresión social”, elementos como internet y las redes sociales han reproducido un modelo de culto a las peleas y a las armas y modos de vida marcados por la violencia y con una visión capitalista muy bien replicada, porque una agresión verbal puede doler más que un golpe y más si se mantiene en el tiempo, al igual que, crear calumnias, esparcir rumores o chismes, hacer comentarios racistas, clasistas o sexistas, xenofóbicos y en especial criticar a la gente que es o luce diferente, esto también es  violencia escolar según investigaciones realizadas por (universidades y fuentes periodísticas (2009).

 

Indiferentes ante la situación

La mayoría de las madres y padres de niñas y niños agresores son indiferentes ante la situación, justifican las actitudes de sus hijas e hijos, e incluso actúan también de manera violenta. Por esto, estamos en el deber de educar entendiendo que hay que diferenciar un incidente de disciplina escolar de un delito. La violencia escolar se inocula en lo que parecen burlas inocentes donde las agresiones físicas y psicológicas marcan la vida de las y los estudiantes, docentes y hasta de miembros de la comunidad educativa. Especialistas manifiestan que “no es un juego lo que ocurre en el recreo, en plena clase, en el acto cívico, en la cola del comedor, en las actividades culturales y en actos especiales”. Estos hechos se asocian a problemas de disciplina, conflictos entre docentes y estudiantes, destrucción de instalaciones, maltrato entre compañeras y compañeros, burlas y el acoso escolar, cuando implica la reiterada humillación y el uso de descalificativos que abarca todo acto que vulnere o amenaza la seguridad física y emocional de miembros de una comunidad educativa entonces estamos en presencia de una vulneración de un derecho humano y cercanos a la delgada línea que separa el delito de la falta.  

 

Confiamos plenamente en que las y los docentes deben respetar y promover los derechos de sus estudiantes, desde una visión de reconocimiento de los derechos humanos y en especial el de opinar y de participar, evitando situaciones de maltrato y abuso de poder, tratando de forma respetuosa y tomando en cuenta los intereses que superen las lógicas de relación autoritarias.

 

Es fundamental motivar el estudio con el ejemplo y propiciar la ética y el profesionalismo, así como la tolerancia y el irrespeto hacia el personal directivo y la comunidad haciendo énfasis a las estructuras del poder popular. Desde la cultura del buen trato y la cordialidad de la mano de las y los estudiantes e instrumentar la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).

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Artículo de opinión por Juan Vivas / Correo del Orinoco