Red de Apoyo
15/03/17

Editorial Red de Apoyo en Correo del Orinoco 

Comenzamos un año lleno de energía con muchas expectativas y la satisfacción de poder llevar a cabo nuestro Encuentro Nacional de Terapeutas Populares y activistas por los derechos Humanos donde mujeres y hombres se fortalecerán como activistas comunitarios. Una actividad que es mucho más que un compartir entre caras conocidas que coinciden en capacitarse para multiplicar cómo hacer más por otras y otros, es un reencuentro de personas que saben que para querer contribuir con el colectivo para la construcción de un mejor país es necesario organizarse y tejer redes.

Desde la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social con más de treinta años en el trabajo por los derechos humanos de víctimas de abuso policial y militar se considera que la educación de personas que viven en constante situación de vulnerabilidad en materia de derechos humanos es primordial, ya que esta es la vía más efectiva para tomar conciencia acerca de los valores y principios que enaltecen la dignidad del ser humano. Acercar a víctimas y sus familiares con terapeutas populares y activistas de derechos humanos es también intercambiar saberes y proporcionar herramientas para lograr que todas y todos seamos agentes transformadores que no permitiremos cabida a la discriminación y la exclusión.

Transformando experiencias

El proceso de formación que desde la Red de Apoyo se lleva a cabo resalta la importancia que ha adquirido el activismo en derechos humanos para regular de mejor forma las relaciones del Estado y la sociedad; permitiéndonos comprender de alguna manera que el respeto por los derechos de ciudadanas y ciudadanos  se ha transformado en una fuente de inspiración que ayuda a construir respuestas adecuadas a la creciente complejidad social, a los continuos cambios sociales, y a las nuevas demandas que se exigen desde todos los espacios de la sociedad. Educamos para que mujeres y hombres puedan asumir el papel de veedores y cuidadores de que el Estado cumpla con sus responsabilidades.

Ahora bien, las víctimas de violaciones de sus derechos, luego de vivir un sinfín de experiencias que duelen como lo es ese momento en el que le arrancan la vida a un ser querido o simplemente te irrespetan la dignidad humana cuentan con el trabajo de la Red de Apoyo para que con el tiempo cierren sus heridas y desde esa experiencia dolorosa logren mostrar que es posible ayudar a los demás que atraviesan una situación similar.

“A Freddy se lo llevaron vivo y nos lo regresaron muerto” era la frase que repetía una y otra vez la comunidad de Nuevo Horizonte hace más de 30 años. Pero, estas historias día a día las encontramos en comunidades de los sectores populares del país, y a pesar del paso del tiempo, más personas que conocen sus derechos aun no entienden cómo la injusticia cierra el capítulo de las violaciones de derechos humanos.

Terapeutas populares

Mujeres y hombres formados en la organización que están convencidos en sumir una lucha desde la convicción de su vocación por intervenir de manera positiva en sus comunidades, influir en convencer a sus vecinas o vecinos en que la denuncia es lo más importante para que la impunidad no los tome por sorpresa, acompañar ese proceso de duelo con la vida misma, sabiendo que la indignación puede arruinar el trabajo, pero no abandonar nunca el propósito de acompañamiento hasta que sea necesario.

Tal vez, no todas y todos hayan pasado por una experiencia de violación de sus derechos, o quizás tengan solo el don de ser líder o lideresa lo que realmente mostrarán es cómo, dónde y cuándo lograrán poner en práctica lo aprendido como terapeutas de experiencias de vida que saben que se deben extinguir: el abuso policial, la criminalización contra la pobreza, la tortura; la violencia de Estado, el racismo, la discriminación e intolerancia, la impunidad y el silencio que imposibilita denunciar y exigir respeto a la dignidad.

Activismo para la vida misma

Personas encaminadas en prácticas de defensa que sin ser abogadas o abogados conocen el camino de los derechos humanos, una forma de creer y aplicar la educación popular que favorece a los sectores populares empoderando a las organizaciones sociales que hacen posible que las comunidades más vulneradas exijan sus derechos, demanden justica y sobre todo multipliquen sus experiencias de vida resaltando la importancia del aprendizaje y del conocimiento.

Esperamos que este grupo de 50 personas se encuentre para impregnar la necesidad de poner en práctica los conocimientos obtenidos en valores de integridad, ética y moral frente al compromiso de construir una mejor sociedad. Mujeres y hombres que se encontrarán en este espacio que hoy les brida la Red de Apoyo para compartir el esfuerzo que realizan en sus comunidades para alcanzar las justicia, equidad, igualdad de oportunidades, eliminación de todo tipo de discriminación que está acrecentando los contextos violentos y la pérdida de importancia por la humanidad y la dignidad.

 

15/03/17

Antonio J. González Plessmann en Cooreo del Orinoco

Ante las masacres de Barlovento y Cariaco, el Estado respondió de manera adecuada: condenando públicamente, investigando y sancionando. Una comparación con las tácticas de impunidad comunes en el pasado[1], permite señalar que se trata de un cambio importante en la respuesta estatal. Aunque, conviene subrayar, que aún faltan líneas de acción definitivas: a) identificar y sancionar a los militares de más alto rango (muy probablemente Generales) que ordenaron, facilitaron o encubrieron esos hechos; b) reparar integralmente los daños ocasionados a las víctimas y a sus familiares y, sobre todo; c) modificar las condiciones estructurales que hicieron posibles esas masacres.

La tesis de “la manzana podrida” o el “caso aislado” es una respuesta común de las autoridades, ante estos casos. Ha sido esgrimida, de manera recurrente, en las últimas cinco décadas y, también, fue formulada ante estos casos. Evidentemente existen funcionarios cuya tendencia a la violencia, vínculos con el delito o corrupción, es mayor que la del promedio. Pero centrar la discusión en las características individuales de estos funcionarios no hace más que obstaculizar la mirada sobre las relaciones de poder que posibilitan las violaciones a los derechos humanos; que son regularidades y no excepcionalidades.

Una tesis contraria a la del “caso aislado”, sugiere que, si una práctica ilegal, que genera gran daño social (como las violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad), forma parte del comportamiento regular de una institución, es porque tras los fracasos aparentes se ocultan “éxitos”, “beneficios” o “productividades[2], tanto para los individuos que participan, como para sus superiores, las instituciones y la reproducción de la sociedad desigual en la que ocurren los hechos.

La tortura, por ejemplo, implica menos tiempo que la investigación y la inteligencia y, para un sistema penal perezoso, produce verdades procesales útiles a condenas fáciles. Gana el policía que muestra eficiencia, gana el juez que tiene una confesión. Lo mismo ocurre con los homicidios generados por el Estado. Los policías o militares que asesina a supuestos delincuentes en enfrentamientos, adquieren prestigio en sus instituciones, acumulan méritos y asciende más rápido. Se benefician por estatus (son valorados por sus pares) y por ingresos (que aumentan cuando asciende). Se beneficia la institución, que muestra contundencia. Una parte de la sociedad aplaude esas muertes, cansada de la impunidad y una parte de la dirigencia de la sociedad y del Estado, se siente recompensada. El problema es que una mirada cercana a esos supuestos enfrentamientos muestra una realidad muy distinta.

En un supuesto enfrentamiento, entre funcionarios de cuerpos de seguridad  y delincuentes, los últimos mueren en el 95% de las veces[3]. Es poco creíble que sea así. Lo que ocurre, realmente, es que en muchos de estos casos, los funcionarios alteran las escenas del crimen y simulan enfrentamientos en donde hubo ejecuciones. Este hecho lo pudimos comprobar directamente en San Agustín del Sur (Caracas). En el año 2016, del total de homicidios que hubo en la parte sur de la parroquia, el 66,6% fue cometido por cuerpos de seguridad. En todos los casos, los cuerpos de seguridad señalaron enfrentamientos, pero los testimonios recogidos permiten señalar que fueron ejecuciones[4]. No son excepciones, son regularidades.

Pero hay otros “beneficios” que producen esas muertes arbitrarias. En Cariaco, unas de las hipótesis apuntaba a que las muertes fueron solicitadas por una empresa local a los funcionarios militares. La misma hipótesis explicaba, en 2001, el famoso caso de los grupos de exterminio, en Portuguesa: el asunto empezó por la aseguradoras de vehículos. Hubo un repunte del robo de vehículos y les salía más barato pagarle a policías para que mataran a la delincuencia de ese ramo que reponer el vehículo[5].

La tendencia inercial de los cuerpos de seguridad es la de ser funcional al capital y a la reproducción de la desigualdad. Por esos los delincuentes poderosos (ricos o con estatus o con poder político) suelen ser liberados, aunque sus delitos causen gran daño social (como ocurre con el comercio de armas y municiones; o las estafas o la corrupción); mientras que las cárceles están llenas de microtraficantes pobres. Por eso los pequeños negocios del barrio, legales o ilegales (panaderías, bodegas, juegos de azar, licorerías, ventas de droga) cuentan con protección policial a cambio de dinero (como “parceleo” se conoce esto en el argot policial) mientras que se desprotege a quien no tiene para pagar, generando una privatización de facto del servicio de seguridad. Por eso, la evidente asociación entre algunos funcionarios militares que controlan la frontera y capitalistas que negocian las rutas de la droga hacia Europa y EEUU o entre algunos funcionarios militares que custodian las cárceles y los pranatos.

Cambiar todo esto, pasa por dejar de pensar en la “manzana podrida” y modificar, todos los espacios en donde se generan esas relaciones de poder y esos “beneficios” que marchan a contravía de la construcción de una sociedad democrática.



[1] Al respecto, ver  “Las estrategias de la impunidad. Nueve años de lucha por la justicia en El Amparo”. Antonio González Plessmann. Editorial Jurídica Venezolana y Provea. Consulta en línea: https://drive.google.com/file/d/0B2lYBu-LGPx1NTV0aUVaejRJaVk/view

[2] Es la tesis de Michel Foucault, a propósito de la cárcel. Ver “Vigilar y Castigar”, Siglo XXI Editores, México, 1980.

 

[3] Estos datos han sido levantados por décadas, con resultados similares, por la investigadora Josbelk González.

[4] SurGentes. Colectivo de DDHH. “Informe sobre violencia en San Agustín del Sur”, 2016.

[5] Testimonio de José Gregorio Guarenas (activista de DDHH), 2001. 

19/11/16

Existe una relación estrecha entre las armas de fuego y la criminalidad violenta. Mientras más armas y municiones existan, habrá más posibilidades de ocurrencia de robos, homicidios, secuestros y otros delitos violentos. La comprobación de esa relación, por parte de la Codesarme, en 2012, dio pie al diseño de una Ley y de una política específica sobre la materia, que se inscribía, a su vez, en una política de mayor alcance: la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Pero, ¿qué ha pasado con la política específica de desarme? ¿Es una buena política? ¿Ha dado resultados? ¿Se está ejecutando?

Si juzgamos a partir de las tasas de delitos violentos y, en particular, de homicidios (que se mantienen por arriba de los 50 por cada 100 mil habitantes desde 2013), podríamos concluir apresuradamente que la política de control de armas, municiones y desarme, no ha dado resultado y que, por lo tanto, es un medio inadecuado para disminuir el problema que la justificó. Pero ello sería, a nuestro juicio, un error. En primer lugar, porque existen otros factores coyunturales o estructurales, que pueden explicar esa resistencia a la disminución, de los homicidios. Pero, sobre todo, porque hay que responder previamente, cuáles son los problemas y las virtudes específicas, tanto de diseño como de ejecución, que tiene la política.

En otras palabras, hay que hacer un balance integral del diseño, ejecución, resultados e impactos de la política, para saber qué hay que cambiar y qué hay que ratificar. Como aporte a ese necesario balance colectivo (que involucre a las instituciones a las organizaciones populares que son dolientes de la política), compartimos aquí, de modo esquemático, algunas ideas.

SOBRE LAS VIRTUDES Y ERRORES DEL DISEÑO

La Ley subraya adecuadamente el control sobre municiones, armas y desarme y apunta hacia su restricción y hacia la prevención de su uso inadecuado; todo lo cual es muy acertado. Pero incluyó, también, dos importantes errores: 1. No creó un espacio para la coordinación interinstitucional de la política, generando múltiples cabezas institucionales, con una (la FANB) sobredesarrollada y; 2. Activó, solo por 2 años (lapso ya vencido), la suspensión del otorgamiento de nuevos permisos de porte y tenencia y, de la comercialización de armas y municiones, lo que en este momento está atentando contra el espíritu de la propia Ley.

Ambos problemas aquí señalados pueden ser resueltos a través de decretos: a) un decreto presidencial que cree un espacio de coordinación interinstitucional de la política de control de municiones, armas y desarme, adscrito a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, en el que participen todos los entes con competencias derivadas de la Ley y, b) un decreto ministerial conjunto (Defensa e Interior), que ratifique la suspensión, por 5 años más, tanto del otorgamiento de nuevos permisos de porte y tenencia, como de la comercialización de armas y municiones. Esto último tiene un precedente en la gestión de El Aissami, antes de la existencia de actual la Ley.

SOBRE LOS PROBLEMAS Y RETOS DE LA EJECUCIÓN

Como virtudes de la ejecución de la política, cabe señalar la acción sostenida de destrucción de armas incautadas y las inspecciones regulares a parques de armas y salas de evidencia de los cuerpos policiales. Sin embargo, hay que decir, que otros aspectos medulares de la política han sido ralentizados o ignorados. Se enumeran brevemente, solo 5 de ellos:

1. No se ha implementado el sistema de marcaje de municiones (tiene más de un año de incumplimiento del mandato que le dio la Ley a CAVIM), con lo que se sigue facilitando que las municiones de los cuerpos de seguridad (policiales y militares) migren a los mercados ilegales, sin que sea posible rastrearlas y adoptar correctivos. Como denunció el entonces director de la PNB, el 80% de las balas con las que muere nuestra gente, son fabricadas por CAVIM.

2. La carga en el sistema IBIS (que es esa base de datos que sale en las series policiales, en la que a partir de una bala se llega a un arma y a sus propietarios) de los registros balísticos de la totalidad de las armas existentes en el país, va a un paso muy lento. Ello implica que el trabajo de investigación sobre delitos violentos que involucran armas de fuego se ve radicalmente obstaculizado.

3. Los cuerpos policiales no están cumpliendo adecuadamente con la obligación de presentar Informes sobre el Uso de la Fuerza (estándar del Nuevo Modelo Policial), en donde cada funcionario rinde cuentas sobre qué hace con las municiones asignadas. Adicionalmente, dado que no hay un procedimiento para la destrucción de municiones incautadas, las salas de evidencia de las policías están abarrotadas de estas. Tanto lo primero, como lo segundo, facilita el flujo de municiones, a través de procesos de corrupción policial, hacia el mercado ilegal.

4. No se ha creado el Fondo Nacional para el Desarme, previsto en la Ley, con los recursos aportados por CAVIM. Ello le resta músculo financiero al Servicio Nacional para el Desarme (Senades) para reimpulsar la política de desarme voluntario.

5. No existe, en la actualidad, una campaña comunicacional sostenida, de alto impacto, como la prevista en la Ley. La última campaña importante con esas características, fue realizada en 2012.

EVALUAR PARA REIMPULSAR

Aunque la política tiene algunos problemas de diseño, su principal problema es la falta de implementación integral. Desde la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, hacemos votos porque los dos ministros con mayor nivel de responsabilidad en la política (Interior y Defensa), convoquen a un balance colectivo que permita mejorarla y reimpulsarla. La vida de muchos de nuestros jóvenes, depende de decisiones políticas como esa.

Antonio J. González Plessman / Correo del Orinoco / Ilustración Edgar Vargas