Red de Apoyo
11/09/17

La violencia es uno de los problemas más graves de Venezuela, el más importante para más del 90% de la población, según todas las encuestas. América Latina es la región más violenta del mundo y Venezuela no se queda atrás desde hace mucho tiempo. Contrariamente a lo que se piensa, los que más se incrementan, son los delitos contra las personas, es decir, los delitos contra nosotras y nosotros, las lesiones, las agresiones, los homicidios, las violaciones. Lo peor de todo, es que esta violencia se ensaña contra los más pobres y vulnerables, y especialmente contra las y los jóvenes, ya que son los que aportan la mayor cantidad de víctimas.  Todo esto, nos evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de desarrollar, muy urgentemente, políticas públicas que contengan el crecimiento indetenible de este problema social y que a la vez sienten las bases de una convivencia más democrática en el país, para que los conflictos inherentes a toda relación humana, se resuelvan en el marco del respeto mutuo y apego a la constitución y a las leyes.

Como sabemos, este no es un problema nuevo en el país, por el contrario, vemos que va creciendo. Debido a que tiene varias causas, es por ello mucho más complejo de resolver, aunque no imposible: al ser sus causas sociales todas son intervenibles y susceptibles de cambio. Las consecuencias de la violencia las conocemos: miles de jóvenes asesinados, sueños y esperanzas truncadas, miles de inocentes víctimas del fuego cruzado, miles de familias con heridos que atender, incluso algunas o algunos con discapacidades para toda la vida. Muy lamentablemente, todos los avances logrados en la salud, en el sentido de que ahora menos niños mueren al nacer, los estamos perdiendo, ya que cuando esos niños que logramos arrebatarle a la muerte temprana de la pobreza, cuando llegan a la adolescencia, se los entregamos a redes y grupos violentos, asegurándoles con ello una muerte temprana. Muchas veces, sobre esta realidad tan acuciante, tan dolorosa, que nos sobrepasa a diario, pensamos que no hay nada que hacer, sino retraernos en nosotros mismos o darle rienda suelta a la rabia o la desesperación, lo cual nos lleva a una peligrosa inacción que reproduce aun más la violencia.

¿Qué podemos hacer?

¿Es responsabilidad nuestra? ¿Cómo podemos exigirle al Estado el cumplimiento de la Constitución y garantizarnos el Articulo 55, que habla del derecho a la seguridad ciudadana? ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes que ya están en los circuitos de la violencia? ¿Cómo rescatar a tantas mujeres víctimas de la violencia en sus casas, por parte de sus padres, de sus parejas o de sus hijos? ¿Cómo podemos proteger a nuestros mayores, quienes sufren la violencia física y psicológica por sus discapacidades y mayor lentitud? ¿Cómo podemos evitar tener una policía ineficiente, corrupta, un Estado sordo a nuestros reclamos? ¿Cómo podemos ayudar a que cientos de miles de niños no sigan sufriendo maltratos en sus hogares? ¿Cómo recuperar las calles y los hogares de la violencia desenfrenada?

Participando, participando y participando. Conociendo nuestros derechos. Defendiendo la Constitución. Exigiéndole al Estado que cumpla con sus responsabilidades y no delegue en nosotros sus tareas irrenunciables, como la garantía del ejercicio de nuestros derechos.

Podemos exigir que las instituciones cumplan con sus responsabilidades

Primero que todo, debemos exigir al Estado una información clara y fehaciente al respecto. Así como conocemos y nos alegramos por los logros alcanzados, también debemos conocer qué pasa con la criminalidad violenta, de manera de estar vigilantes y activos sobre las y los funcionarios responsables, para poder emplazarlos a cumplir más eficientemente con su deber….   Segundo, y muy importante, debemos tratar de reducir la impunidad de los delitos contra la vida…. No solo los que cometen los particulares, sino los que también cometen los agentes del Estado. De esa forma estaremos enviando una señal muy clara acerca del mensaje: NO MÁS VIOLENCIA. Asimismo, debemos tener en cuenta que lo más importante es conocer a fondo este problema, para hacer una adecuada contraloría social sobre las autoridades e instituciones y saber que hay roles que no pueden ser transferidos a las comunidades, ya que sobrepasan con mucho las capacidades y posibilidades locales.

Capacitarnos para ayudar

Desde nuestros ámbitos de vida, se pueden desarrollar muchas iniciativas, a través de lo que se conoce como participación comunitaria para la prevención de la violencia. Pero para esto debemos capacitarnos, ya que no todas las iniciativas que desarrollemos son adecuadas o suficientes para el problema. Se trata, por ejemplo, de dar la medicina correcta y a tiempo para determinado problema de salud. No vale dar una aspirina para alguien que tiene problemas graves en el estómago. De esa misma forma, debemos saber que, a los jóvenes vulnerables a la violencia, debemos atraerlos de nuevo a la vida mediante programas novedosos, creativos, innovadores, que tengan en cuenta su diferencia como jóvenes, su otredad, sus intereses específicos. Solo de esta manera el regreso será consistente y seguro. También debemos capacitarnos en sobre cómo ayudar a las víctimas de la violencia, a las mujeres a los niños, a los ancianos. La violencia es protagonista no solo en la calle, sino también dentro de las casas, cuando le pegamos a las o los niños, los maltratamos o los minimizamos o ridiculizamos cuando cometen errores.

Lo más importante es que confiemos en nuestro poder transformador de la realidad. La violencia es una enfermedad social, curable y prevenible y que depende de nosotros ponerle fin, no a través de más violencia, que solo deja más muerte y desolación, sino a través de más vida y convivencia. Es hora de empezar, antes que sigan muriendo tantas víctimas inocentes, tantas niñas y niños en fuego cruzado. Exijamos a través de la participación, la garantía de nuestros derechos al Estado y no dejemos que toda esta violencia acabe con todas y todos. 

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Editorial Red de Apoyo / Correo del Orinoco 

04/09/17

“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para le integridad física de personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos "

Art. 55 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Todas y todos hemos sentido, en algún momento, temor de denunciar al ser víctimas o testigos de un delito. Por esta razón, se promulgo la "Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales", según consta en la Gaceta Oficial N° 38.536 del 4 de octubre de 2006. En dicho instrumento legal, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido cualquier daño físico o psicológico, pérdidas financieras o menoscabo de sus derechos, como consecuencias de que violen la legislación penal.

La ley tiene por objeto establecer los principios que rigen la protección de los derechos e intereses de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales (expertas, expertos, abogados, abogadas, querellantes, funcionarias o funcionarios del Ministerio Público y otras u otros auxiliares de justicia). También se extiende a los familiares cuya integridad pueda verse afectada por atreverse a denunciar. Esta normativa regula las medidas de protección en cuanto a su ámbito de aplicación, modalidades y procedimiento. 

¿A quién se protege?

A todas las personas que corren peligro de amenazas o intimidación, por realizar denuncias, intervenir en una investigación penal o en un proceso judicial. El Ministerio Público (Fiscalía) y los tribunales penales son los competentes para aplicarla. Estas instituciones tienen el deber de implementar todo tipo de medidas para brindar seguridad a las víctimas, es decir, toda persona que corra peligro de amenaza o intimidación por realizar denuncias, intervenir en una investigación penal o en el proceso judicial. La protección y asistencia la deben brindar las entidades, organismos y dependencias públicas o privadas, quienes quedan obligadas a prestar la colaboración cuando así lo considere el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente, para la realización de las medidas de protección previstas en la ley. 

Son competentes para la aplicación de esta ley el Ministerio Público y los tribunales penales, los cuales tiene el deber de implementar todo tipo de medidas para brindar seguridad a las víctimas de delito común y las víctimas de abuso de poder. Cuando una persona se sienta amenazada o en peligro inminente de daño en su integridad, libertad, o bienes materiales, podrá solicitar por escrito, oral o de oficio al fiscal superior del Ministerio Público que debe tramitar en forma inmediata la solicitud de protección.

¿Cuáles son estas medidas?

Es importante resaltar que las medidas de protección son de carácter provisional y tendrán una duración de seis meses, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas de acuerdo al criterio de la jueza o el juez que conozca el caso, previa opinión del Ministerio Público. Las medidas se darán por terminadas, por decisión fundada del Juez o Jueza, cuando finalice el plazo por el cual fueron otorgadas, cuando desaparezcan las amenazas o cuando el beneficiario o beneficiaria incumpla la medida, condiciones u obligaciones establecidas. Toda medida de protección solicitada ante el órgano competente debe ser inmediata y efectiva. En dicha ley se contempla que cualquier apoyo, servicio o protección que se brinde a las víctimas, testigos, testigas, y demás sujetos procesales, será completamente gratuito. Algunas de estas medidas son:

1.- Proveer la seguridad necesaria para la protección de la integridad física de la persona afectada y su familia.

2.- Asistir a la persona en la obtención de un trabajo distinto.

3.- Proveer de atención médica y psicológica a la persona protegida

4.- Proveer la documentación necesaria para el establecimiento de una identidad diferente.

Retos

Falta mucho camino por andar. Venezuela, en definitiva, ha dado grandes pasos en la protección y la asistencia las personas víctimas de delitos y víctimas de violaciones de Derechos Humanos, sobre todo, en el ámbito legal. Nunca más las víctimas deben sentirse en peligro, re-victimizarlas o amenazadas por sus victimarios. En este sentido, El ejecutivo nacional, así como las instituciones, autoridades o personas obligadas a proporcionar protección o asistencia a las víctimas y testigos, en coordinación con el Ministerio Público deben implementar las políticas y estrategias necesarias para la protección de los derechos e intereses de las víctimas.

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Artículo de opinión de Laura Roldán Benítez en Correo del Orinoco 

 

15/03/17

Editorial Red de Apoyo en Correo del Orinoco 

Comenzamos un año lleno de energía con muchas expectativas y la satisfacción de poder llevar a cabo nuestro Encuentro Nacional de Terapeutas Populares y activistas por los derechos Humanos donde mujeres y hombres se fortalecerán como activistas comunitarios. Una actividad que es mucho más que un compartir entre caras conocidas que coinciden en capacitarse para multiplicar cómo hacer más por otras y otros, es un reencuentro de personas que saben que para querer contribuir con el colectivo para la construcción de un mejor país es necesario organizarse y tejer redes.

Desde la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social con más de treinta años en el trabajo por los derechos humanos de víctimas de abuso policial y militar se considera que la educación de personas que viven en constante situación de vulnerabilidad en materia de derechos humanos es primordial, ya que esta es la vía más efectiva para tomar conciencia acerca de los valores y principios que enaltecen la dignidad del ser humano. Acercar a víctimas y sus familiares con terapeutas populares y activistas de derechos humanos es también intercambiar saberes y proporcionar herramientas para lograr que todas y todos seamos agentes transformadores que no permitiremos cabida a la discriminación y la exclusión.

Transformando experiencias

El proceso de formación que desde la Red de Apoyo se lleva a cabo resalta la importancia que ha adquirido el activismo en derechos humanos para regular de mejor forma las relaciones del Estado y la sociedad; permitiéndonos comprender de alguna manera que el respeto por los derechos de ciudadanas y ciudadanos  se ha transformado en una fuente de inspiración que ayuda a construir respuestas adecuadas a la creciente complejidad social, a los continuos cambios sociales, y a las nuevas demandas que se exigen desde todos los espacios de la sociedad. Educamos para que mujeres y hombres puedan asumir el papel de veedores y cuidadores de que el Estado cumpla con sus responsabilidades.

Ahora bien, las víctimas de violaciones de sus derechos, luego de vivir un sinfín de experiencias que duelen como lo es ese momento en el que le arrancan la vida a un ser querido o simplemente te irrespetan la dignidad humana cuentan con el trabajo de la Red de Apoyo para que con el tiempo cierren sus heridas y desde esa experiencia dolorosa logren mostrar que es posible ayudar a los demás que atraviesan una situación similar.

“A Freddy se lo llevaron vivo y nos lo regresaron muerto” era la frase que repetía una y otra vez la comunidad de Nuevo Horizonte hace más de 30 años. Pero, estas historias día a día las encontramos en comunidades de los sectores populares del país, y a pesar del paso del tiempo, más personas que conocen sus derechos aun no entienden cómo la injusticia cierra el capítulo de las violaciones de derechos humanos.

Terapeutas populares

Mujeres y hombres formados en la organización que están convencidos en sumir una lucha desde la convicción de su vocación por intervenir de manera positiva en sus comunidades, influir en convencer a sus vecinas o vecinos en que la denuncia es lo más importante para que la impunidad no los tome por sorpresa, acompañar ese proceso de duelo con la vida misma, sabiendo que la indignación puede arruinar el trabajo, pero no abandonar nunca el propósito de acompañamiento hasta que sea necesario.

Tal vez, no todas y todos hayan pasado por una experiencia de violación de sus derechos, o quizás tengan solo el don de ser líder o lideresa lo que realmente mostrarán es cómo, dónde y cuándo lograrán poner en práctica lo aprendido como terapeutas de experiencias de vida que saben que se deben extinguir: el abuso policial, la criminalización contra la pobreza, la tortura; la violencia de Estado, el racismo, la discriminación e intolerancia, la impunidad y el silencio que imposibilita denunciar y exigir respeto a la dignidad.

Activismo para la vida misma

Personas encaminadas en prácticas de defensa que sin ser abogadas o abogados conocen el camino de los derechos humanos, una forma de creer y aplicar la educación popular que favorece a los sectores populares empoderando a las organizaciones sociales que hacen posible que las comunidades más vulneradas exijan sus derechos, demanden justica y sobre todo multipliquen sus experiencias de vida resaltando la importancia del aprendizaje y del conocimiento.

Esperamos que este grupo de 50 personas se encuentre para impregnar la necesidad de poner en práctica los conocimientos obtenidos en valores de integridad, ética y moral frente al compromiso de construir una mejor sociedad. Mujeres y hombres que se encontrarán en este espacio que hoy les brida la Red de Apoyo para compartir el esfuerzo que realizan en sus comunidades para alcanzar las justicia, equidad, igualdad de oportunidades, eliminación de todo tipo de discriminación que está acrecentando los contextos violentos y la pérdida de importancia por la humanidad y la dignidad.