Red de Apoyo
15/11/16

Familiares exigen respuesta

Un mes de la desaparición de 12 personas en Barlovento durante OLP  

NP - La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social de promoción y defensa de los derechos humanos con más de 30 años acompañando a los sectores que viven en situación de vulnerabilidad en Venezuela exige información acerca del paradero de Elizer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena ya que sus familiares denuncian que no se les volvió a ver luego de una Operación de Liberación del Pueblo efectuada el 15 de octubre en el municipio Acevedo, región de Barlovento, estado Miranda.

La organización manifiesta preocupación ya que hasta el momento no se sabe nada de su paradero ni sobre su integridad personal y podrían estar sufriendo malos tratos. La Red de Apoyo se ha pronunciado anteriormente por estos hechos resaltando que algunos funcionarios del ejército han generado violación de derechos humanos por la forma en la que han llevado a cabo los últimos operativos ya que los testimonios de familiares de víctimas aseguran constantemente que las y los funcionarios realizan detenciones arbitrarias, allanamientos, desalojos forzosos, robos de pertenencias, desapariciones y ejecuciones a través del uso desmedido de la fuerza, siendo estos hechos violatorios a los derechos humanos.

La Red de Apoyo insta a los respectivos organismos del Estado encargados de tomar las medidas apropiadas para establecer el paradero de las 12 personas a que garanticen su seguridad y su integridad física y psicológica y llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a la presunta desaparición forzada con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicar las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.

Caracas, 15 de noviembre de 2016

14/11/16

En la actualidad la inseguridad representa uno de los problemas más sentidos de nuestra sociedad al punto que la mayoría de la gente siente la amenaza permanente de ser víctima de robos, atracos, secuestros o cualquier acción parecida. Frente a ello, es natural que las personas reclamen soluciones efectivas por parte de los órganos de seguridad, dentro de las cuales suele predominar el llamado a la “mano dura” para enfrentar a los grupos criminales. Buena parte de estas expectativas se debe a que la inseguridad sentida toca elementos psicológicos muy intensos como el miedo y la impotencia, lo cual produce respuestas caracterizadas por este tipo de planteamientos. Sin embargo, también   estos argumentos reproducen parte del paradigma tradicional de seguridad ciudadana, el cual predominó durante largos años en nuestra sociedad.

Es importante resaltar que este paradigma se sustenta en una perspectiva represiva que, en gran medida, llegó a convertirse en una fuente discrecional de violación de derechos humanos al tiempo que tampoco logró resolver los problemas de inseguridad ciudadana. Al respecto nuestra sociedad tiene una larga historia de injusticia y dolor que estuvo también acompañada de una verdadera cruzada de activistas, personas luchadoras y luchadores sociales que, junto con no pocas víctimas, académicos y varias instituciones preocupadas por estos asuntos, asumieron la tarea de construir nuevas formas y nuevos modelos, lo cual hoy está en pleno desarrollo.

En el camino de la transformación

Lo que hoy se llama el nuevo paradigma de seguridad representa, en forma muy general, una manera de concebir la seguridad ciudadana que se inspira en el respeto a los derechos humanos, el servicio comprometido y transparente al resguardo de ciudadanas y ciudadanos y la dignificación de las funciones de los cuerpos policiales y de seguridad. Esto no significa, desde luego, que se desconozca el deber que tiene el Estado de hacer uso de la fuerza cuando el caso lo amerite. Sin embargo, hay allí una diferencia fundamental ya que este nuevo paradigma asume un uso diferenciado y progresivo de la fuerza, la cual debe saberse utilizar en forma eficaz y eficiente, pero sin violar los derechos humanos de los presuntos delincuentes. Además, la fuerza no puede convertirse en el elemento exclusivo de la función policial.

En otras palabras, el nuevo paradigma implica que quienes ejercen funciones de seguridad policial, deben integrar en sus capacidades el uso de la fuerza junto con otras herramientas que permitan ejercer la autoridad para disuadir, neutralizar, mediar, prevenir y educar.

También resaltamos que buena parte del desarrollo de este nuevo paradigma se lleva a cabo en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, institución que tiene la compleja tarea de formar a quienes servirán en los diferentes cuerpos de seguridad ciudadana y que ha desarrollado una extraordinaria labor. Pero esta transformación no se agota allí, sino que se deben hacer grandes esfuerzos para que la sociedad en su conjunto cambie actitudes y valores en relación con todo lo que implica la gestión de la seguridad ciudadana.

La construcción es primordial

Asimismo, es necesario construir una gestión de seguridad ciudadana que muestre alta efectividad en sus acciones para reducir y neutralizar la criminalidad pero que se integre con políticas de prevención basadas en la comprensión científica de aspectos culturales, psicosociales, económicos y políticos que están asociados de muchas formas con este tipo de problemas. De igual modo, es también imperativo que se profundice en la construcción de unos cuerpos de seguridad que gocen de alta credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía, comprometidos con el bien común y el servicio al Pueblo, haciendo realidad el día en que servir en nuestros cuerpos de seguridad ciudadana represente un alto honor y sus funcionarias y funcionarios cuenten con una altísima valoración social.

Nada de esto es tarea sencilla ya que, como en todo proceso de transformación, conviven todavía viejas y nuevas prácticas, unas que pugnan por sobrevivir y otras que luchan por terminar de nacer. Creemos que, en ese sentido, es necesario entender justamente la complejidad de estas transformaciones de manera que no se abandone la dirección a la que apuntamos. Esto significa que se debe continuar avanzando y profundizando en los procesos formativos, los cuales deben sustentarse cada vez más en una base científica que le otorguen una sólida validez y que además los proteja de los intentos discrecionales de cambio que suelen sustentarse en criterios casi exclusivamente personalistas.

Por otra parte, es también imperativo que se desarrollen campañas con altos contenidos pedagógicos y concientizadores, que vayan mucho más allá de la propaganda y la publicidad, orientadas a generar opiniones, actitudes y conductas en mujeres y hombres de las comunidades con propuestas claros de este nuevo paradigma. Finalmente, resulta oportuno recordad que para lograr estos procesos de cambio se debe contar con líderes y lideresas que posean un alto sentido de integralidad y paciencia, ya que los nuevos paradigmas tardan mucho tiempo en lograr consolidarse. 


Fernando Giuliani en Correo del Orinoco

04/11/16

Caso VEN 041116

Desaparición forzada / Temor por integridad personal / Temor por impunidad
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE ante la siguiente situación en Venezuela.


Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con grave preocupación informaciones de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT, sobre la desaparición forzada de los Sres. Carlos Gabriel Marchena Silva, Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Miguen Aladejo, Luis Alirio Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Kendri González, Victor Manuel Martínez, Susano Farfán y Jairo Rivas, en hechos ocurridos en el municipio de Acevedo, región de Barlovento, estado Miranda. La OMCT teme que estas personas sufran malos tratos o que hayan sido víctimas de ejecución extrajudicial, debido a que hasta el momento de emitir este llamado no se sabe nada ni sobre su paradero ni sobre su integridad personal. 

De acuerdo con las informaciones, el 15 de octubre del presente año, aproximadamente a las 6:40 de la noche, el Sr. Carlos Gabriel Marchena Silva, de 20 años de edad, fue detenido en su residencia, ubicada en el Sector Peica, casa A-01 de Caucagua, capital del municipio de Acevedo, estado Miranda, por parte de funcionarios del Ejército. El mismo día, en la parroquia de Capaya, municipio de Acevedo, detuvieron a Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Miguen Aladejo, Luis Alirio Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Kendri González, Victor Manuel Martínez, Susano Farfán y Jairo Rivas. Según las mismas fuentes, esa misma tarde detuvieron a varias personas; todas fueron puestas en libertad posteriormente, excepto las trece mencionadas. Las detenciones se realizaron en el marco de uno de los operativos integrados en la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP)[1], llevado a cabo en el Municipio de Acevedo, entre el 7 y el 15 de octubre de 2016, con la participación de al menos 18 funcionarios del Ejército.

Los familiares denunciaron las desapariciones ante el Ministerio Público, sede Sector Valle Verde (Av. Intercomunal Guarenas-Guatire), y ante la Defensoría del Público, Sede en Guatire, estado Miranda, quienes posteriormente les informaron de la realización de diligencias para esclarecer los hechos. Sin embargo, hasta la fecha, el paradero de los jóvenes sigue siendo desconocido. Sus familiares aseguran que un sargento de la Guardia Nacional, cuyo nombre desconocen, les informó que sus familiares no se encontraban donde habrían sido trasladados inicialmente, el Destacamento Camacaro 323, ubicado en la Parroquia El Café, municipio de Acevedo, sino que habían sido trasladados al Comando ubicado en el Sector Chaguaramal, municipio Pedro Gual. Sin embargo, cuando las familias se trasladaron al lugar señalado, un funcionario del ejército les comunicó que los jóvenes tampoco se encontraban detenidos allí.

El Secretariado Internacional de la OMCT y organizaciones que colaboran con la Red SOS-Tortura en Venezuela han venido denunciando, desde el inicio de la OLP en julio de 2015, graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes militares y policiales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, allanamientos ilegales a residencias y destrucción de enseres[2].

El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su profunda preocupación por la desaparición de los Sres. Carlos Gabriel Marchena Silva, Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Miguen Aladejo, Luis Alirio Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Kendri González, Victor Manuel Martínez, Susano Farfán y Jairo Rivas y recuerda que la desaparición forzada y la práctica de la detención en secreto facilitan la ocurrencia de torturas y otros malos tratos e incluso de ejecución extrajudicial, por lo tanto urge a las autoridades nacionales, estatales y municipales de Venezuela a que localicen lo más rápido posible el paradero de las personas mencionadas, y a que les garanticen en toda circunstancia la integridad física y psicológica, de conformidad con las leyes regionales e internacionales de Derechos Humanos.

La OMCT manifiesta también su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de las familias de las personas desaparecidas, y solicita a las más altas autoridades nacionales, estatales y municipales que tomen de manera urgente las medidas  apropiadas para garantizar las mismas.

La OMCT recuerda que, de acuerdo con el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y con el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR): “(…) Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias .(…) Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad (…)”. Además, tanto el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirman que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente (…)”.

 
Acción solicitada
 
Les solicitamos por favor que escriban a las autoridades venezolanas urgiéndolas a:
 
i.               tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para establecer el paradero de los Sres. Carlos Gabriel Marchena Silva, Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Miguen Aladejo, Luis Alirio Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Kendri González, Victor Manuel Martínez, Susano Farfán y Jairo Rivas, así como para garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica;
ii.             garantizar a los Sres. Carlos Gabriel Marchena Silva, Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Miguen Aladejo, Luis Alirio Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Kendri González, Victor Manuel Martínez, Susano Farfán y Jairo Rivas el acceso inmediato e incondicional a un abogado de su elección, a la visita de sus familiares y a un tratamiento médico adecuado, de acuerdo con, inter alia, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos;
iii.            tomar de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de la familia de los Sres. Carlos Gabriel Marchena Silva, Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Miguen Aladejo, Luis Alirio Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Kendri González, Victor Manuel Martínez, Susano Farfán y Jairo Rivas;
iv.            ordenar la liberación inmediata de los Sres. Carlos Gabriel Marchena Silva, Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Miguen Aladejo, Luis Alirio Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Kendri González, Victor Manuel Martínez, Susano Farfán y Jairo Rivas, o en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos, o, en caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
v.             llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos arriba denunciados, en particular a la presunta desaparición forzada de los Sres. Carlos Gabriel Marchena Silva, Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Miguen Aladejo, Luis Alirio Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Kendri González, Victor Manuel Martínez, Susano Farfán y Jairo Rivas, cuyos resultados se hagan públicos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
vi.            de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, de los cuales Venezuela es Estado parte, en particular la Convención Contra la Tortura.
 
Direcciones

·       Sr. Presidente Nicolás Maduro Moros, Final Avenida Urdaneta, Esq. De Bolero, Palacio de Miraflores, Caracas, Distrito Capital, Venezuela, twitter: 
@NicolasMaduro  
·       Sra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la Republica, Edificio Sede Principal del Ministerio Público, Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México, Caracas, Venezuela, teléfono: +58 (212) 509 7244 / 509 7464, correo electrónico: ministeriopublico@mp.gob.ve
·       Sr. Tarek William Saab, Defensor del Pueblo, Centro Financiero Latino, Avenida Urdaneta, La Candelaria, Caracas, Distrito Capital, Venezuela, teléfonos: 58 (212) 507 7006/ 7013, correo electrónico:
 contacto@defensoria.gob.ve 
·       Mayor General Gustavo González López, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Esquina Platanal, Este 1,Av. Urdaneta, Caracas, Distrito Capital, Venezuela, twitter: 
@MIJPVenezuela, página web: mpprij.gob.ve    
·       General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa, Edificio Sede del Ministerio de la Defensa, Fuerte Tiuna, El Valle, Caracas, Distrito Capital, Venezuela, teléfonos: +58 (212) 607 7360 /607 1618, fax: +58 (212) 607 1645, twitter: 
 @prensaFANB    
·       Sra. Delcy Rodríguez Gómez, Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Avenida Baralt Sur 4, Caracas 1010, teléfono  +58 (212) 860 0209, twitter: 
@DrodriguezVen    
·       Sr. Jorge Valero, Embajador de la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU en Ginebra.  Chemin François Lehmann, 18A. 1218 Grand Saconnex, Ginebra. Teléfono +41 22 717 09 42/44, correo electrónico: 
mission.venezuela@ties.itu.int 

Solicitamos asimismo que escriban a las Representaciones Diplomáticas de Venezuela en sus respectivos países.

Ginebra, 4 de noviembre de 2016

Solicitamos finalmente que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.


[1] El 13 de julio de 2015 el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz (MPPRIJP) inició la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) como el nuevo plan nacional en materia de seguridad ciudadana destinado a combatir el crimen organizado.

[2] Ver comunicados de prensa OMCT, 20 de mayo de 2015 (
https://goo.gl/b1deiB); informe para el EPU de COFAVIC y OMCT, marzo de 2016 (https://goo.gl/PBtrMT); comunicado Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (https://goo.gl/D9v6Uu), 2 de noviembre de 2016.