Red de Apoyo
Violencia escolar y cómo enfrentarla desde los DDHH
18/09/17

La violencia contra niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe continúa siendo de enorme gravedad en las familias, las escuelas, las instituciones de protección y las calles, tal como quedó en evidencia en el Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños (2011). El imaginario social nos hace preguntarnos ¿cómo hemos llegado al punto?, y más retóricamente ¿qué podemos hacer y qué dirección tomar?

 

Históricamente la violencia escolar ha surgido como un fenómeno social producto de los desequilibrios económicos, sociales y especialmente éticos, que se acrecienta motivado a la crisis económica y social causada posiblemente por el modelo capitalista neoliberal predominante.

 

La ONU y UNICEF destacan que la situación legal actual del castigo corporal, la violencia entre pares, la homofobia, la xenofobia y otros tipos de discriminación, han mutado a tal punto, que, la violencia contra las y los educadores y la comunidad educativa, se profundiza en una violencia institucional que es responsabilidad del Estado de la sociedad civil y de los movimientos a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia, haciéndolos cómplices silenciosos de la violencia intrafamiliar que llega a su máximo clímax cuando por negligencia ocurre una violación o un abuso sexual, donde las instituciones y programas no hacen justicia de forma oportuna y la impunidad se evidencia. La violencia de este tipo en cualquiera de sus formas, es delito y no debe ser tratada a través de una conciliación o conversación.

 

La denuncia importa

Es necesario denunciar la violencia escolar en las instancias establecidas, según el caso y su gravedad serían los Consejos de Derechos del Niño y del Adolescente, la Fiscalía, los órganos de seguridad del Estado, ahora bien, las percepciones ciudadanas respecto a la democracia y la discriminación y los hechos escandalosos socialmente, (las peleas que según hechos recientes llegan hasta la vulneración del derecho a la vida)  son, tal como lo formula la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

 

Todo esto implica, que Venezuela debe prohibir el castigo corporal en todos los ámbitos y desmontar estratégicamente hablando, según autoridades en materia de Educación que “la culpabilización y humillación, también como formas de violencia; así como las narconovelas, los contenidos infantiles violentos, las propagandas y publicidades que generen problemas en la conducta y motiven la agresión social”, elementos como internet y las redes sociales han reproducido un modelo de culto a las peleas y a las armas y modos de vida marcados por la violencia y con una visión capitalista muy bien replicada, porque una agresión verbal puede doler más que un golpe y más si se mantiene en el tiempo, al igual que, crear calumnias, esparcir rumores o chismes, hacer comentarios racistas, clasistas o sexistas, xenofóbicos y en especial criticar a la gente que es o luce diferente, esto también es  violencia escolar según investigaciones realizadas por (universidades y fuentes periodísticas (2009).

 

Indiferentes ante la situación

La mayoría de las madres y padres de niñas y niños agresores son indiferentes ante la situación, justifican las actitudes de sus hijas e hijos, e incluso actúan también de manera violenta. Por esto, estamos en el deber de educar entendiendo que hay que diferenciar un incidente de disciplina escolar de un delito. La violencia escolar se inocula en lo que parecen burlas inocentes donde las agresiones físicas y psicológicas marcan la vida de las y los estudiantes, docentes y hasta de miembros de la comunidad educativa. Especialistas manifiestan que “no es un juego lo que ocurre en el recreo, en plena clase, en el acto cívico, en la cola del comedor, en las actividades culturales y en actos especiales”. Estos hechos se asocian a problemas de disciplina, conflictos entre docentes y estudiantes, destrucción de instalaciones, maltrato entre compañeras y compañeros, burlas y el acoso escolar, cuando implica la reiterada humillación y el uso de descalificativos que abarca todo acto que vulnere o amenaza la seguridad física y emocional de miembros de una comunidad educativa entonces estamos en presencia de una vulneración de un derecho humano y cercanos a la delgada línea que separa el delito de la falta.  

 

Confiamos plenamente en que las y los docentes deben respetar y promover los derechos de sus estudiantes, desde una visión de reconocimiento de los derechos humanos y en especial el de opinar y de participar, evitando situaciones de maltrato y abuso de poder, tratando de forma respetuosa y tomando en cuenta los intereses que superen las lógicas de relación autoritarias.

 

Es fundamental motivar el estudio con el ejemplo y propiciar la ética y el profesionalismo, así como la tolerancia y el irrespeto hacia el personal directivo y la comunidad haciendo énfasis a las estructuras del poder popular. Desde la cultura del buen trato y la cordialidad de la mano de las y los estudiantes e instrumentar la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).

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Artículo de opinión por Juan Vivas / Correo del Orinoco